En el presente caso, nuestro cliente fue denunciado por coacciones, por supuestos cortes de suministro de agua y luz de la vivienda familiar que habitaba la denunciante y por presuntos malos tratos psíquicos, lo que motivó la apertura de un procedimiento de juicio rápidoen el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el principio, lo que más preocupaba a nuestro cliente, que negaba rotundamente los hechos denunciados, era que esta denuncia influyera negativamente en el litigio por la guarda y custodia compartida de su hijo que se tramitaba en un juzgado de familia. 

Desde el primer momento, nuestro equipo asumió la defensa con plena colaboración con las autoridades judiciales, presentando todos los elementos de prueba y argumentación jurídica necesarios.

Durante la instrucción se practicaron todas las diligencias necesarias, incluyendo declaraciones de ambas partes y la correspondiente documentación. Tanto la defensa ejercida por nuestro despacho como el propio Ministerio Fiscal entendieron que los hechos presentados carecían de consistencia penal, solicitando ambos el sobreseimiento y archivo de la causa.

La acusación particular, por su parte, se opuso al archivo. No obstante, el órgano judicial, tras analizar exhaustivamente las actuaciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concluyó que los hechos denunciados no constituían infracción penal ni existían indicios suficientes para atribuir a nuestro cliente conducta delictiva alguna, señalando que lo acontecido respondía a una controversia de índole económica y personal derivada de la crisis de pareja, no encajando en el ámbito penal sino en la esfera civil o familiar.

El Juzgado, mediante, Auto, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, dando fin al procedimiento y salvaguardando el honor y la integridad jurídica de nuestro cliente.

Este resultado refleja nuestro compromiso en la defensa técnica y letrada, trabajando desde el respeto escrupuloso a la legalidad, a los derechos fundamentales y al principio de intervención mínima del Derecho Penal.

Si te encuentras en una situación similar o necesitas asesoramiento especializado en procedimientos penales o familiares, contacta con nuestro despacho para recibir una atención personalizada y profesional.

La confianza de nuestros clientes, nuestra mejor referencia.