ARTÍCULO COMPLETO DE LA PROVINCIA
Patrick Rizzo es un joven de 22 años que ha sido desahuciado por su madre de la vivienda donde reside. Aunque fue diagnosticado con síndrome de Asperger en noviembre de 2022, desde que nació ya daba muestras del trastorno que padecía; no fue hasta ese año cuando se le reconoció oficialmente la discapacidad en un 50%. «Aun así, los trabajadores sociales y educadores que le han tratado desde entonces consideran que incluso ahora es mucho mayor», señala su actual abogada, Noelia Artiles Castro.
Sus padres se separaron cuando él tenía 10 años. Patrick se quedó a vivir con su padre, que enfermó y falleció en junio pasado con 79 años. Su madre, de 43 años, regresó a su país, Eslovaquia, tras la separación. «En ese momento, la expareja acordó que ella recibiría 200.000 euros, pero se especifica que con ese dinero haría una donación a su hijo para que tuviera una casa a su nombre que fuera un patrimonio para el futuro». A su padre, añade la abogada, «le preocupaban las dificultades que el joven pudiera tener para conseguir un trabajo debido a su condición».
Hasta aquí todo parecería normal en los términos privados de una separación de pareja, pero las cosas empiezan a cambiar. En una visita que la madre realiza a la isla se da un momento de «conflicto familiar», y Patrick «la agrede», relata la letrada. Es entonces cuando su madre interpone una denuncia que va al juzgado de menores en 2021. «Patrick se conforma ante un delito tipificado como leve de lesiones, es decir, acepta los hechos y la pena que se le impone, someterse a un programa de apoyo», continúa su abogada, quien admite que la asistencia letrada anterior «quizás no se imaginó lo que vendría después y, teniendo en cuenta que era una pena pequeña, le recomendaron que la aceptara, pero sirvió para sentar un precedente», resalta su actual defensora.
Aunque durante el juicio se mencionó que aquel comportamiento tenía que ver con el síndrome que padecía, «quizás no se puso el suficiente énfasis», añade. «Ni siquiera se le pidió una defensa judicial -figura existente para defender los intereses de un menor o persona con discapacidad- ya que él no era capaz de entender a lo que se estaba conformando», detalla la abogada.
Con aquella sentencia por un delito leve de lesiones, «su madre decide revocar la donación». Al no tener Patrick ese dinero para devolverlo, el proceso continúa hacia el embargo de la casa.
«Las notificaciones empezaron a llegar a la casa, pero su padre ya estaba enfermo y el joven no era capaz de entender lo que pasaba. Cuando ya se dan cuenta de que hay un lanzamiento previsto es cuando me llega a mí el caso», explica Artiles Castro.
Revés del Tribunal Supremo
La única herramienta legal que a su actual defensa le quedaba para intentar frenar el desahucio era acudir al Tribunal Supremo. «Solicité una autorización para aportar el diagnóstico oficial que reconocía la discapacidad de Patrick y que se le dio después del juicio de menores, como una forma de sostener que él no era capaz de entender de lo que se le acusaba», explica su letrada. «Con la autorización del Tribunal Supremo pretendía iniciar una revisión de la sentencia del delito leve de lesiones», añade. «Eso me hubiese permitido pedir la nulidad de todo lo demás».
Pero obtuvieron un nuevo revés, y además definitivo. La respuesta del Supremo llegó hace pocos días rechazando la solicitud. «El argumento es que los abogados anteriores ya habían agotado esa posibilidad y que ya se había dicho que Patrick tenía síndrome de Asperger», comenta Noelia Artiles Castro.
Las esperanzas de que el joven de 22 años conserve su casa se desvanecieron. «Pude frenar la subasta mientras esperábamos la respuesta, pero ya es firme y ahora estamos a expensas de que se formalice el desahucio», señala con preocupación. Y añade otro elemento. La ley actual en materia de desahucios solo contempla tres supuestos en los que frenar una ejecución donde están implicadas personas en situación de vulnerabilidad: arrendamiento, ejecución hipotecaria, e incluso okupación. «Pero esa ley no está prevista para Patrick, el legislador nunca se planteó que una madre quisiera dejar en la calle a un hijo», señala su abogada.
Para ella, en este caso se han dado dos situaciones que han marcado también su devenir: «que no se le garantizara aquella defensa judicial, independientemente del abogado que tuviera, y que el sistema haya tenido una falta de sensibilidad y empatía», añade Artiles Castro.
En cualquier momento, Patrick tendrá que dejar su casa. Un lugar que ha sido un refugio para él, aunque según su abogada, casi es mejor que esté en un piso tutelado, «así nos lo han hecho saber los trabajadores sociales que le atienden». En él estaría en un espacio que facilitaría su socialización y recibiría una educación adecuada. «Eso no quita que esta casa sea su patrimonio, su futuro, y se tenga que proteger», añade.
Ese piso tutelado y esa protección están en manos ahora del Gobierno de Canarias. Al mismo tiempo que su abogada intentaba frenar el desahucio, inició un proceso bajo el cual el Ejecutivo asumiera su protección. Se denomina curatela representativa.
«Es una medida de apoyo para personas con discapacidad que como él puedan estar protegidos en todos los aspectos de su vida, todas las cosas importantes que tenga a partir de ahora», relata su defensa.
A contrarreloj
La letrada señala que esa curatela ya está asignada al Gobierno regional desde el pasado mes de junio, «pero aún no se han puesto en contacto con nosotros para formalizarla, supongo que por lentitud administrativa». Ante esta situación, a Noelia Artiles le preocupa que la ejecución judicial llegue antes que la curatela.
